DENUNCIA PENAL CONTRA GERENTE DE TRIPLE A S.A.E.S.P. POR EXAGERACION DE COBROS ESTIMADOS A A SUS USUARIOS
El Vocal de Control de los Servicios Públicos Rubén Llanos Sarmiento, dirigente ciudadano de Santo Tomás, viene adelantando una serie de actuaciones de control y vigilancia sobre asuntos relacionados con servicios públicos domiciliarios, facturación, subsidios de saneamiento básico y cobros a los usuarios, así como sobre la problemática de los peajes y las tarifas que afectan a las comunidades del Atlántico.
En ese marco, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Ramón Hemer Redondo, gerente de Triple A S.A. E.S.P., para que se investiguen hechos relacionados, entre otros aspectos, con la utilización reiterada de consumos estimados en la facturación del servicio de acueducto y el posible impacto económico que dichas estimaciones podrían generar cuando el consumo facturado no corresponde al consumo real posteriormente determinado mediante lectura.
La preocupación planteada va más allá de la factura individual: se busca establecer si una eventual diferencia sistemática entre consumos estimados y consumos reales podría generar mayores cobros a los usuarios y si ello pudiera tener alguna incidencia en los recursos públicos destinados al saneamiento básico. Esta hipótesis no se presenta como un hecho probado; precisamente constituye uno de los aspectos que deben ser verificados por las autoridades.
La actuación ciudadana no se quedó en la Fiscalía. La misma denuncia y los hechos puestos en conocimiento de las autoridades fueron también trasladados a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Contraloría y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, para que cada organismo examine aquello que corresponda dentro de sus respectivas competencias legales.
Paralelamente, el ejercicio de control ciudadano de Llanos Sarmiento también ha abordado la problemática de los peajes, sus tarifas y las condiciones económicas que afectan a los usuarios y comunidades del departamento del Atlántico, llevando estos asuntos ante las autoridades correspondientes.
El propósito, según el denunciante, no es sustituir a la Fiscalía, la Contraloría, la SIC, la Superintendencia de Servicios Públicos ni a las demás autoridades, mucho menos anticipar responsabilidades. Es aportar información, documentos y situaciones que, desde el control ciudadano, considera que deben ser investigadas, verificadas y esclarecidas por las entidades competentes.
En el caso de Triple A, quedan planteadas preguntas de interés público:
¿Por qué se utilizan consumos estimados de manera reiterada cuando debería procurarse determinar el consumo real? ¿Qué diferencia económica existe entre lo estimado y lo efectivamente consumido? ¿Y qué impacto puede tener esa diferencia sobre los usuarios y sobre los recursos públicos destinados al saneamiento básico?
Ahora corresponde a las autoridades competentes determinar qué ocurrió, si existieron irregularidades y si de los hechos denunciados se desprende alguna responsabilidad administrativa, fiscal, de protección al consumidor o penal.