El Espejismo del 9,2%: Juventud y Ruralidad en la encrucijada de la Vía Oriental
Por: Jaime Charris Salas
Especialista en Gestión Pública y Consultor en Implementación Estratégica
El Departamento Nacional de Estadística (DANE) ha entregado una cifra que, a primera vista, invita al optimismo: el desempleo en Colombia se redujo al 9,2% en febrero de 2026. Sin embargo, para quienes analizamos la economía desde la implementación estratégica y la realidad de los territorios, el dato es apenas un barniz sobre una estructura profundamente agrietada. La verdadera noticia es el 55,3% de informalidad que mantiene a 13,3 millones de colombianos en la fragilidad laboral.
En nuestra Subregión Oriental del Atlántico —ese corredor vital que une a Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera— esta estadística deja de ser un número para convertirse en un rostro joven frente a un volante de mototaxi o en un campesino que cultiva sin la certeza de una jubilación.
La Brecha que Fractura al Atlántico
La informalidad en Colombia es una moneda con dos caras injustas. Mientras en las grandes ciudades el indicador ronda el 41%, en el sector rural la cifra escala a un desgarrador 83,1%. Es decir, de cada 10 trabajadores del campo en municipios como Ponedera o Palmar, 8 operan bajo la total desprotección social.
Esta precariedad golpea con especial saña a nuestra juventud. Hoy, los jóvenes de la zona oriental se enfrentan a un dilema cruel: el “rebusque” inmediato o la migración. Estamos perdiendo nuestro bono demográfico en empleos de subsistencia que no generan historial crediticio, ni salud contributiva, ni ahorro pensional. Estamos graduando bachilleres para un mercado informal que los vuelve invisibles ante el sistema financiero y el Estado.
De la Estadística a la Acción Local
¿Qué pueden hacer los alcaldes de la Subregión Oriental frente a este panorama? La informalidad no se combate con decretos restrictivos, sino con incentivos estratégicos. Como consultor, propongo tres rutas de ejecución inmediata para los 20 meses que le faltan de administración a los mandatarios municipales que culminan su periodo el 31 de diciembre de 2027:
- Justicia Tributaria para el Emprendedor: Implementar un esquema de ICA (Industria y Comercio) escalonado. No podemos cobrarle lo mismo a una multinacional que se asienta en la Vía Oriental que a un joven de Santo Tomás que intenta formalizar su primera unidad productiva. El primer año de formalidad debe tener beneficios tributarios reales.
- Tecnología para el Campo: En lugar de ver la tecnología como algo lejano, debemos capacitar a nuestros jóvenes en herramientas digitales sencillas (No-Code) para que gestionen la logística y ventas de las asociaciones campesinas. Si el joven ve en el campo una empresa tecnificada y formal, dejará de ver la ciudad como única salida.
- Sello de Origen y Compras Públicas: Las alcaldías deben ser los principales clientes de la formalidad. Al amparo de la Ley 2046, los municipios deben comprar sus alimentos para el PAE y hospitales directamente a asociaciones locales formalizadas, garantizando que el dinero se quede en el territorio y circule legalmente.
Un Llamado a la Coherencia
La implementación estratégica consiste en convertir los datos fríos en bienestar tangible. No podemos seguir celebrando la baja del desempleo si la mayoría de esos nuevos puestos carecen de dignidad prestacional.
El futuro de Sabanagrande, Santo Tomás, Palmar de Varela y Ponedera y de los municipios en el país no depende solo de las grandes industrias que pasan por la carretera, sino de la capacidad de sus mandatarios para formalizar los sueños de su gente. Alcaldes: es hora de pasar de la política de escritorio a una gerencia de territorio que saque a nuestra juventud y a nuestros campesinos de la sombra de la informalidad.
El mensaje es que la formalidad no es un enemigo que viene a cobrar impuestos, sino una herramienta para crecer. Al Estado y a las alcaldías les pedimos menos trámites y más incentivos. No podemos permitir que el 55,3% de nuestra fuerza laboral siga desprotegida. La verdadera implementación estratégica social empieza por dignificar el trabajo.
