Graves denuncias de asociados por irregularidades en la empresa Cootransoriente
Descontentos con el tratamiento que le vienen dando algunos socios o asociados a la empresa Cootransoriente, cuya sede es el municipio de Santo Tomás, más de 10 personas que de igual manera tienen los mismos derechos de estos se pronunciaron en una carta dirigida al Consejo Administrativo y cuya copia ha sido elevada a los entes de control a nivel nacional, especialmente el Ministerio de Transportes.
Entre los firmantes de la carta se encuentran los asociados: Edgardo Ariza, Ligia Ariza, Wilman Maldonado, Reinaldo Pertuz, Carlos Noriega Pertuz, Mónica Pertuz, Rafael Escobar, Fernando Sarmiento Fontalvo y Antonio De Avila, quienes en la carta estampan su firma y número de cédula y según ellos hay otros más que van a firmar este documento, el cual fue entregado al portal VOZ DE ORIENTE, que lo hace de público conocimiento por ser un informe amparado en la ley.
En algunos de los apartes de la presente carta, los asociados que hacen dicha denuncia manifiestan:
“Quienes suscribimos el presente documento, ostentamos la calidad de asociados de la mencionada empresa del “sector solidario”, con la intención de enterar a la opinión pública y a las autoridades del Ministerio de Puertos y Transporte, como también los organismos de control del mismo, tales como la Superintendencia del ramo, del manejo o administración de esta empresa cooperativa, que presta el servicio intermunicipal de pasajeros por la carretera de la zona Oriental del departamento del Atlántico, la cual fue constituida por un grupo de pequeños y medianos transportadores, con la única finalidad de dar cumplimiento al libre derecho de asociación”.
Sin embargo, señalan los firmantes de la carta que “todos esos anhelos se han visto truncados, porque desde la creación de la compañía, en los últimos 10 años hasta la fecha, sólo se benefician asociados que se han atornillado en los órganos de dirección, administración y control, ocasionando con ello un detrimento patrimonial y que se detallan a continuación”.
Señalan los querellantes “que solo se interesan por el bien personal y no de la empresa y sus asociados, convirtiéndose en grandes pulpos del transporte y la política, con recursos económicos y potencial electoral aportados por el capital social, trayendo con ello el nepotismo administrativo, vinculando laboralmente a hijos, nietos, sobrinos, cuñados y hasta personas con quienes tienen una relación sentimental, como tampoco han aplicado la proposición aprobada en la asamblea general ordinaria de la vigencia de la anualidad 2018 por la asociada Celmeris Fontalvo Cantillo, consistente en vincular laboralmente a hijos de asociados, que no ocupen cargos de dirección y control, como acontece con el tesorero y revisor fiscal, los que no cumplen con los requisitos de la mencionada proposición aprobada”.
En otro de los apartes de la carta, los denunciantes manifiestan: “referente al COVID-19, es de conocimiento nacional las medidas adoptadas por el Ministro de Transporte y el presidente de la República, con el fin de mitigar los efectos de la pandemia como son créditos a través de Bancoldex, sin que hasta el momento haya un pronunciamiento sobre tales créditos”.
De igual manera en la misiva se refieren al aspecto laboral y dicen: “los conductores vinculados legalmente a la empresa cooperativa también corren la misma suerte, ello no han podido beneficiar de tales medidas, como son, el retiro de las cesantías, pago de vacaciones y el alivio a pago de nóminas, aún brillan por su ausencia, porque la cooperativa no está al día con los requisitos exigidos para lograr tales beneficios, el pago a la salud es atrasado, hasta el punto que los conductores tienen que esperar dicho pago para que le sea tomada la muestra del Coivid-19”.
Dicen los asociados también que: “con relación a la operación y despachos, sólo nos toca ver a la distancia, como son beneficiadas las busetas de quienes tienen una afinidad de parentesco o sentimental, con quienes operan las rutas, como también es de público conocimiento, de buses que no tienen ninguna clase de vinculación con la empresa y hay otras que si la tienen en otros municipios y la ponen a trabajar en la ruta Santo Tomás-Barranquilla, como en el caso de las automotores números internos 051, 071, 102, 192 y 195”.
Finalmente señalan los asociados y denunciantes: “por todo lo anterior lo que buscamos es que la Superintendencia de Tránsito y Transporte conozca la situación de esta empresa, y si amerita una investigación y posterior intervención, se haga a la mayor brevedad posible, para salvarla como también el patrimonio de los pequeños y medianos transportadores, si nos toca solicitar el cambio de razón social ante el Ministerio de Puertos y Transporte, también lo vamos hacer”.